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martes, 8 de diciembre de 2015

Hablemos "De sueños y olvido"

Por: William Felipe Hurtado Quintero.

“¡Por la dignidad! ¡Por la vida nuestra!”
Manuel Solano antes de morir en “De  sueños y olvido”

“De sueños y olvido” es una obra literaria del joven escritor y abogado Luis Gabriel Rodríguez De la Rosa, quien apelando al subgénero de la novela histórica detalla algunos de los acontecimientos bélicos y trágicos que han marcado la historia de este ensangrentado país llamado Colombia. Sucesos como el robo de la espada de Bolívar y el saqueo de más de cinco mil armas del Cantón norte a manos de la guerrilla del M-19, la toma y  retoma del palacio de justicia, el genocidio de la Unión Patriótica, los magnicidios de líderes como Jaime Pardo Leal, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Garzón, entre otros personajes de la memoria nacional, son narrados a partir de la vida del personaje imaginario Manuel Solano, un campesino de origen humilde que se une a las filas del Ejército Nacional en la capital de la República con la intención de superar la calidad de su vida y la de su familia, además de servir a la patria; pero cuando descubre la corrupción que albergaba dicha institución, emprende un proyecto revolucionario desde sus propias filas… frustrado, por supuesto. El autor, a través de las anécdotas vivenciales de este personaje, recrea toda una identidad literaria y social frente conceptos muy marcados en la obra y los cuales encarna Manuel Solano en su interrelación con los diferentes personajes, a saber: la familia, el amor, la poesía, la mundanidad, la esperanza y la muerte.

Otros personajes como Margarita, don Arturo, Antonio, Mary, Angelita, José, Afranio, el mayor Villamizar y muchos otros más, nos sumergen en un mar de cuadros literarios donde ninguno es vano y todos cincelan con decoro la forma de este atractivo texto, que se lanza en un momento donde nuestra historia patria reclama la construcción de una memoria histórica que conduzca al perdón, sin olvido. Es decir, la fórmula opuesta a la plasmada en las páginas de nuestra historia, donde abunda el pavoroso y turbador olvido. Ya hemos olvidado demasiado, es el mensaje que en 195 páginas nos lega Rodríguez De la Rosa.


Es una novela apta para todo público: niños, jóvenes, adultos, dirigentes estudiantiles y sindicales, liberales, godos, personas de izquierda, en general, basta con ser humano y estar dotado de la capacidad de sentir, pues Manuel Solano representa a aquellos que por perseguir sueños de utopía hemos recibido por respuesta amenazas de muerte, improperios e intranquilidad. Manuel Solano simboliza ese gran número de pobladores a los que los violentos vetaron del amor de su familia, de su derecho a ser hijos, hermanos, esposos y padres, todo por disentir. Manuel Solano es cada colombiano, indistintamente si la guerra tocó a su puerta o no, ya que si algo nos recordó este colombiano de tinta y papel, fue precisamente nuestra culpa en este miserable olvido colectivo.

martes, 13 de mayo de 2014

EVALUACIÓN DOCENTE: PUNTO DE PARTIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

William Felipe Hurtado Quintero
Universidad Libre, seccional Cali.
(Septiembre de 2012)

RESUMEN

El presente trabajo da a conocer una realidad incontrovertible en los procesos de evaluación docente en la Universidad Libre de Colombia, haciendo énfasis en la seccional Cali, mediante el análisis tripartito de cada uno de los parámetros de calificación que conviven alrededor de la Institución,  con la aplicación del método visión-crítica-propuesta, que permite contextualizar la problemática, identificar los obstáculos para su saneamiento y posteriormente, desenredar el enigma a través de la formulación de alternativas puntuales y pragmáticas. Lo anterior, con el fin de demostrar que dicho sistema va en contravía del mismo Reglamento Docente, además de minimizar en alto grado la esencia de la profesión. Asimismo, se pondera el papel de la organización sindical y su impacto en la realidad universitaria, reconociendo su esencia histórica como médula de crítica y desarrollo social. Esto en relación con la actividad estudiantil, que a la par con el sector docente, conforman el núcleo base que sostiene la estructura universitaria, es decir, la comunidad académica.
PALABRAS CLAVE
Universidad, evaluación docente, organización sindical, movimiento estudiantil.
INTRODUCCIÓN
A diferencia de cualquier institución, la Universidad es llamada a la creación de conocimiento para transformar y levantar estructuras hacia la justicia social. Esto presupone la relación prolongada de aquellos que son educados, con aquellos que imparten saber y cultivan el pensamiento; por tanto, toma valor la existencia de un sistema que permita medir el cumplimiento de la función social que recae en los maestros. Este mecanismo es el sistema de evaluación docente.

En el presente trabajo, nos proponemos como objetivo principal analizar el sistema de evaluación docente con cada uno de sus componentes estatutarios, aplicando el método de visión-crítica-propuesta, que de forma pragmática creará una familiarización de conceptos, contextos y soluciones.

En este sentido, se han de tener en cuenta aspectos materiales de dicho sistema, aplicado en la Universidad Libre de Colombia. Asuntos como la metodología en la realización de la prueba por parte de cada uno de los estamentos, su pertinencia, los parámetros valorativos que la contemplan, sus condiciones y la eficacia de la misma a la hora de arrojar un verdadero resultado.

Todo esto para concebir la función sindical y gremial estudiantil en el desarrollo de dicho sistema y demás problemáticas de la comunidad universitaria, citando situaciones concretas, con sus características y resultados, para así tenerlas como punto de referencia y consideración en el foro, puesto que el peso del cambio recae en la base orgánica conformada por estudiantes y docentes, tal y como lo dicta la historia.

DESARROLLO
EVALUACIÓN DOCENTE: PUNTO DE PARTIDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Llama mucho la atención el debate académico que hoy nos reúne, precisamente porque es dicho epicentro conceptual el que se derruye entre la debacle de un modelo de educación que quizás se ajusta de forma anacrónica y descontextualizada a estándares internacionales de modelos educativos que van en pro de intereses más económicos que científicos; para ninguno de nosotros, que quizá por los avatares del destino, o por vocación a toda prueba, somos parte integral del maravilloso mundo de la Universidad, no puede sorprender esta realidad irrefutable que cargamos a cuestas: el rezago cultural en materia de generación de conocimiento es un flagelo de múltiples perspectivas que no se deben ceñir simplemente a los postulados leoninos del mercadeo epistemológico[1].
Todos los actores del proceso educativo debemos asumir-con objetividad-la cuota de responsabilidad que nos corresponde en la actualidad universitaria, a saber: una idiosincrasia facilista que permea a la gran mayoría del estudiantado, que so pretexto de la coyuntura saca a relucir sin metodología consecuente la emotividad propia de una juventud poco crítica, y emprende proyectos frágiles, contrastados, egoístas y fáciles de desmontar por el “enemigo”[2]; lo anterior, sin sumar aquella cantidad absurda de pereza intelectual, de modorra constructiva y de folklore parasitario que contagia a los educandos del presente (y quizás también a un grupo considerable de educadores). Faltaríamos a la verdad si no denunciáramos con certeza, cuán endeble es el espectro propositivo de nuestros protagonistas, que prefieren las más de las veces, encumbrarse en discusiones bizantinas y casi patológicas que desgastan sin piedad nuestras instituciones. El trabajo que nos corresponde es colosal, si en cuenta se tiene que debemos recapitular la cosmovisión de nuestra historia cíclica, además de propender por un quiebre paradigmático a la hora de examinar el concepto de pedagogía. El colofón de este pequeño párrafo introductorio es el inicio entonces de nuestra disertación encaminada a una de dos variables: la masificación de la educación universitaria como estandarte de nuestro desarrollo, o el fin de la educación superior como una herramienta incapaz de construir escenarios propicios para salir del pozo profundo de nuestro atraso.
Siendo así, es pertinente acotar que nuestro éxito depende de un concepto básico, ya esbozado por la filosofía clásica del lenguaje: COMUNICACIÓN. El ejercicio de la docencia, más allá de conceptos de índole pedagógica, implica una proyección del espíritu inmersa en el océano del conocimiento, a saber: la vocación propositiva. Ya el pseudomovimiento estudiantil está desencantado de un ejercicio docente sesgado y acrítico, donde los que proponen en el foro son la minoría, una minoría que no simplemente se detiene a analizar cuestiones gremiales que pretenden movilizaciones sólo para la obtención de reivindicaciones sociales. En pocas palabras, nuestra percepción-como estudiantes-acerca del docente, está dirigida por la desconfianza para interactuar en pro del mejoramiento continuo; los estudiantes ven al docente como un convidado de piedra dedicado a elaborar monólogos maniqueístas acerca de abstractas generalidades epistemológicas durante una o dos horas semanales y hasta ahí, hasta este deprimente punto llega nuestra interrelación, esa es nuestra “flamante creación de conocimiento” (vale la pena anotar que existen decorosas excepciones). El primer problema se evidencia sin dificultades: ni a los estudiantes ni al docente les interesa trascender más allá del aula de clase… ¿Quién debe tomar la iniciativa entonces?, consideramos que la respuesta no es absoluta, y a contrario sensu, es polémica y dividida: tal vez la mayoría diría sin mayor análisis que el problema es de Ustedes, el cuerpo docente, ya que son aquellos que asumen un rol orientador, motivador, pedagógico, constructivo y pues al fin y al cabo, la misión de educar va más allá de cuatro paredes y noventa minutos de cátedra lineal. Otros, sin embargo, dirían que el problema radica en el estudiantado, ya que, al final, son los educandos quienes reciben la cátedra, quienes deben matizar un compromiso de mejora paulatina mediante la exigencia de una cátedra polifacética, encaminada al descubrimiento continuo de la esencia de cada profesión; ¡Qué problema tan grande!, además, génesis incontrovertible de todos los males que se desprenden de nuestro sistema educativo[3].
Asumamos una posición ecléctica, y digamos entonces que nuestra solución, lejana en este punto, depende del método de visión-crítica-propuesta. Este método es ecléctico porque no quiere endilgar responsabilidades que toquen la susceptibilidad de nuestros compañeros de carrera. La percepción del cuerpo docente en una comunidad educativa como la colombiana, permitiría vaticinar entonces un descrédito injustificado de la profesión, si en cuenta se tiene que la practicidad del dilema les atribuye una responsabilidad mayúscula en la transformación de la visión universitaria[4]; la idea de un cuerpo docente sin mayores complejidades académicas se puede dilucidar sin mayor dificultad en la Universidad Libre de Colombia, Corporación dedicada a la prestación de servicios de educación superior de carácter privado. El estado del arte es amplio, por lo tanto sería más que ingenuo pretender asimilar una realidad que no sea de carácter local.
El hermetismo de la Universidad Libre Seccional Cali: paradigma de una involución de la calidad.
El discurso ya repasado, incluso en estas mismas líneas, dedicado a la contextualización de la Educación y a su rol en el mejoramiento […], digamos que ya no se puede seguir desgastando más la literatura que pretende construir metateorías de la pedagogía sin mirar más allá de la institucionalidad-epígono de nuestro conformismo-. El problema es de procesos, como se demostrará a continuación, y al final, el desgaste lo asume toda la colectividad. Miremos: en la Universidad Libre Seccional Cali comulgan dos factores excluyentes, pero al fin y al cabo, ahí permanecen, condenando a la institución a la paquidermia educativa: por un lado (i) la falta de publicidad en los procesos de selección docente, que a todas luces demuestra cómo la interrelación, la comunicación y la transparencia en la gestión administrativa es deficiente; es decir, ¿Por qué no hay vocería estudiantil en los comités de selección?, ¿Por qué parece que los docentes son elegidos bajo un criterio único: el del Decano? ¿Por qué no existen parámetros que diluciden, en últimas, la idoneidad, los méritos, la experiencia y el perfil profesional del docente, de modo que los educandos puedan darse cuenta de sus educadores y sus calidades, con el ánimo de generar confianza? Ni siquiera, en gracia de discusión, se puede aceptar que la Universidad se conforme con una escueta publicación de los resultados de selección docente, puesto que si no se es parte de un proceso, sólo resta la sujeción a un resultado irrectroactivo. Visión: contexto de selección de “carrera docente”; crítica: ¿cuál es el papel del estudiante?; propuesta: publicidad en el proceso, como eslabón imprescindible que otorgue legitimidad del cuerpo docente desde el principio de la interacción académica.
Se confirma entonces, que soslayar sin más al estudiantado en un proceso de tan relevante envergadura, es desconocer quizá que el primer paso en la gestión de la calidad es el equilibrio dentro de lo que podríamos denominar indicadores de calidad. Aun así, no olvidemos que los diplomas, los postgrados y en general, lo que podríamos llamar la experiencia consignada en el papel, no son suficientes para hablar de un cuerpo docente cuya mirada esté puesta en el espectro trascendental de la academia propositiva.
Evaluación docente: parámetros no indicadores.
Continuando con nuestro sencillo método, digamos entonces que la otra cara de la moneda, no más animadora, radica en la evaluación docente. Dicho concepto, como sabemos, parte de la premisa de procesos de selección docente que a nuestro entender están viciados de forma, por lo expuesto en los acápites anteriores. En este orden de ideas, diríamos que debemos hablar (i) de una autoevaluación ¿objetiva? Por parte del docente; (ii) un precario sistema de evaluación docente para los estudiantes, que además de no ser eficaz en tanto que en la Universidad Libre Seccional Cali no hay terminaciones de contrato por la baja puntuación obtenida, también es vejatorio de uno de los principales derechos del estudiante: la visión general de las notas; por último (iii), debemos hacer notar cómo la evaluación administrativa es un artificio que hasta ahora se sostiene políticamente, más no se legitima por su teleología.
Así, desglosemos un poco los tres tópicos, que finalmente serán útiles para que el lector concluya por sí mismo cómo no es posible hablar de una evaluación docente de calidad en la Universidad Libre Seccional Cali:
1)    Autoevaluación:

Visión:
Sí, al fin y al cabo, los docentes son personas, y por ende, el “yo” juega un papel embellecedor a la hora de calificar la gestión propia; siendo así, la calificación es sesgada, por lo tanto la autoevaluación es un eslabón perdido dentro de nuestras pretensiones, ya que al contar con un cuerpo docente acrítico de sí mismo y quizás necesitado, en dificultades económicas y un sinfín de vicisitudes dignas de este país, no podríamos esperar una autoevaluación docente que vaya en desmedro de intereses particulares.
Crítica:
Sin duda alguna, en los parámetros de calificación docente, la autoevaluación no cumple a cabalidad –se diría que ni siquiera en su mínima expresión-el objetivo verificable de la medición de la calidad, aunque los estándares internacionales que nos siguen esclavizando la consideran imprescindible  ¿para qué? ¿Qué objetividad existe cuando se es juez en causa propia?; siendo así, la autoevaluación simplemente se convierte en un pretexto administrativo para saldar cuentas con un concepto vago de transparencia en los procesos que a todas luces son incompletos.
Alternativa:
No es posible, bajo ningún motivo, hablar de calidad en los procesos de calificación de la gestión docente, si en cuenta se sigue teniendo un concepto ambiguo de autoevaluación que no influye en nada en la toma de decisiones de fondo. No queremos más 5,0 que sean inexpresivos, sesgados y que al final, nos condenen a la inmutabilidad de las condiciones.
2)    Sistema de Evaluación Docente:
Visión:
Sin dejar de lado la precariedad del sistema de evaluación docente desde antaño, cuando lo que primaba era la evaluación manual y anónima, debemos decir que el actual sistema virtual de la Universidad Libre Seccional Cali es el peor diseñado hasta entonces: primero, porque no permite la confidencialidad en los procesos, es decir, el docente fácilmente puede indagar acerca de quiénes lo han evaluado en forma negativa (objetiva), lo que conlleva a malos entendidos e incluso, a persecución estudiantil; segundo, no es posible supeditar el derecho fundamental del estudiante de observar sus notas, tal cual lo prescribe el reglamento estudiantil, a la calificación forzosa de un docente; en fin, ¿condicionar la evolución del sistema de créditos del estudiante?, de esta forma, se cree que el estudiante evaluaría con objetividad al docente; es un pensamiento ingenuo, desproporcionado y que raya entonces con la involución académica dentro de márgenes de calidad. No hay un solo caso de terminación, se insiste, de contratos por “bajo rendimiento” en la Universidad; es decir ¿para qué nuestro flamante sistema de evaluación[5]?
Crítica:
Siendo las cosas de tal raigambre, la crítica a un sistema de evaluación tan nimio no se puede hacer esperar, puesto que como hemos dejado entrever, nuestro propósito es hablar con propiedad de un cuerpo docente íntegramente calificado; así, la idoneidad del mismo colectivo se convierte en bastión ineludible al momento de la transformación de la realidad social a través de la cátedra. Una calificación docente como la reseñada, anatematiza el concepto mismo de pedagogía.
Alternativa:
Encaminados frente a la transparencia en la evaluación docente, debemos procurar por estructurar unos procesos de evaluación que tengan en cuenta los siguientes criterios:
·         Desligar la evaluación de cualquier tópico que verse sobre el reporte de notas del estudiante (no es procedente, ni mucho menos coherente, pretender “amenazar” al educando para que forzosamente cumpla con un deber de tan notable responsabilidad.
·         Aplicar patrones de contenido verdaderamente pedagógico, que no hagan ver al ejercicio docente como una actividad supeditada a una colcha de retazos de índole administrativa.
·         Claridad acerca de los rangos de evaluación, que hoy son violatorios del reglamento docente, al menos en lo que concierne a la Universidad Libre Seccional Cali.
·         Replantear la plataforma virtual de evaluación, de modo que se garantice el anonimato en los procesos de evaluación, cuestión esta que no se cumple.
·         Generar en la comunidad universitaria espacios de percepción del comportamiento docente, mediante encuestas que permitan yuxtaponer el resultado de la evaluación con el de la percepción, y así definir criterios de eficacia.

3)    Evaluación administrativa:
Visión:
Cuando hablamos de este tipo de evaluación, ingresamos en un terreno farragoso y que quizás se constituye en la principal talanquera para el éxito proceso de saneamiento de la profesión en la Universidad. Decimos que es un terreno difícil puesto que la evaluación administrativa es la que mayor peso tiene en los resultados finales acerca de la calificación; además, contempla parámetros desproporcionados, que a contrario sensu de calificar la docencia como tal, lo que hace es tratar de “profesionalizar” de forma excesivamente técnica (y no pedagógica) el trabajo de un profesor. Lo anterior, sin contar con el enemigo ya esbozado páginas atrás, es decir, un sistema de autoevaluación mal estructurado e inocuo que parcializa sin medida el resultado, acallando poco a poco la tenue voz estudiantil.
Crítica:
Indudablemente, la evaluación administrativa adolece de enfermedades incurables: (i) carece de legitimidad, puesto que no se podrá decir jamás que la administración puede dar fe de los procesos y metodologías del ejercicio docente, no puede arrojar datos precisos acerca de su vocación, interrelación y sobretodo, iniciativa. La evaluación administrativa es, en últimas, un criterio amañado que busca convertir al ejercicio docente en un modelo tecnócrata bajo la égida de estándares importados; y (ii) para demostrar lo anterior, solo basta con echarle un vistazo al Artículo 29 del reglamento docente, donde se estipulan cinco parámetros de evaluación, siendo apenas uno el que se puede considerar objetivo y suficiente para determinar con proporcionalidad y rigor pedagógico el desempeño del educador. Los otros cuatro conceptos, simplemente se convierten en parámetros desgastantes que aminoran el ejercicio de la profesión sacrificándola por conceptos formales, estandarizados y abstractos.
Alternativa:
Más que una alternativa, consideramos nosotros que es imperativo la desaparición de la evaluación administrativa. Y lo anterior se corresponde con la lógica, en el entendido que no se puede olvidar que la cátedra se imparte es al estudiantado, y en ese sentido, es arbitrario un juicio donde el juez desconoce por completo la causa, o al menos el fondo de la misma y simplemente se guía por derroteros técnicos de carácter externo que muchas veces no se compadecen con un noble ejercicio pedagógico. Por ende, la desaparición de la evaluación administrativa permitirá legitimar a la única voz que está autorizada para evaluar a los docentes, a saber: los estudiantes. De lo contrario, que se empiece a escribir una nueva historia, malsana por demás, de la educación a nivel universal.
Todo lo anterior, permite entonces concluir una cuestión irrefutable: la evaluación docente no es eficaz por dos puntos esenciales: primero, porque no existe actitud estudiantil que permita forjar un cambio en el estado actual de las cosas; parece que poco nos interesa como estudiantes, el valor agregado que tiene la educación de calidad (más cuando se pagan sumas de dinero nada despreciables por ella) para romper con el imaginario colectivo que hace que Colombia permanezca en el más macondiano de los olvidos a nivel cultural y científico. Segundo, nuestros enemigos siempre han aprovechado nuestra futilidad a la hora de actuar, y han sacado ventaja de la abyección de nuestro pensamiento conformista; en ese orden de ideas, han diseñado modelos de evaluación que so pretexto de cumplir con parámetros universales de educación en materia del eufemismo económico de la Acreditación, en realidad condenan a la poca masa crítica de estudiantes a un silencio forzoso, máxime cuando se constriñen los resultados, se prefiere el clientelismo, se reparten tortas burocráticas y así, rampantes, caminan los malos docentes (minoría, ojalá) de la mano con una Administración que prefiere mantener el statu quo, ya que al fin y al cabo, es más lucrativo, ya que sin duda, coadyuva al mantenimiento de un perverso estado de opinión[6].
Pero ya es hora de hablar de lo bueno, por eso es imperativo mencionar, haciendo alarde de la proyección filosófica de nuestros movimientos, cómo la interacción entre docentes y estudiantes es piedra angular del mejoramiento continuo para la diversidad de asuntos que son transversales a la reivindicación del concepto de Educación para la libertad:
Semblanza del sindicalismo y el movimiento estudiantil en la vida universitaria.
Todo un universo de tendencias, de postulados, de doxa desgastada, de cátedra, de ideas, y sobre todo, de libertad. Esto es Universidad, un mundo donde el pluralismo es característica esencial para el desarrollo cultural e intelectual, una institución teleológica que a partir de la creación de conocimiento eleva los estandartes de una lucha social por la justicia en sus diversas expresiones, defendiendo a ultranza el derecho a la diferencia como bandera del debate. Todo ello, lo anterior, promovido y desarrollado por una relación inexorable, por dos sectores básicos e inherentes a su misión social: docentes y estudiantes, que organizados a manera de gremio, se convierten en instituciones encargadas de la defensa de nuestro paraninfo.

Es bien sabido que el fin intrínseco y fundamental de la Universidad es la creación de conocimiento racional, sometiéndolo a criterios de falsación y con la firme convicción de que nunca se podrá conocer la verdad última, puesto que todo parámetro de objetividad nos conduce simplemente a la creación y revelación de principios de incertidumbre. Es por eso que la verdad nunca produce consuelo, ni el sentimiento una verdad objetiva, pues ésta sólo la produce la razón. Es increíble observar cómo en ocasiones se llega al grado de pensar que ese sentimiento que consuela al mortal, siendo una mentira, se vuelve verdad dogmática superior a la objetiva y se desvirtúa la función universitaria. Pero, ¿Qué tiene que ver esto con la relación inicialmente planteada, con el nexo de organizaciones profesorales y estudiantiles? Dar solución a este cuestionamiento no es difícil, lo que sí es complejo, es trasladarlo al campo de la ‘praxis’, como a continuación lo veremos.
Es imposible soslayar este discurso en la actualidad, sujetándose a la forma de actuar casi dogmática que reflejan estos gremios, por ejemplo, y sin alejarnos de la coyuntura, vemos un movimiento estudiantil que parece dirigirse al sacrificio con sus propios pies, donde es fácil para la comunidad pensar que la organización estudiantil sólo está para salir a las calles y protestar, pero que a la hora del debate se olvida del ya mencionado derecho a la diferencia, o peor aún, se convierte en una plataforma política con tinte burocrático; lo mismo pasa cuando se confunde el quid sindical con personas que se reunen cada año para negociar pliegos de peticiones, y olvidarse de la construcción permanente y sólida de sociedad, de universidad y de vida. Como diría Silvio Rodríguez: “No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar”, pero es menester hacerlo, por tanto, cito un fragmento de un comunicado del Colectivo Unidad Total Estudiantil de la Universidad Libre seccional Cali, UNITOES, donde se plasma la melancolía que produce la memoria, y que a letra reza lo siguiente: “Así es, es bastante complejo y a la vez nostálgico recordar cómo otrora el movimiento estudiantil (y sindical)  a nivel latinoamericano y a nivel nacional era un estandarte de convicciones, movido sólo por la égida de la victoria y la reivindicación de los derechos mínimos, era un movimiento progresista, bravío, corajudo…que ponía sus esperanzas en la masa estudiantil (y demás) como presente transformador de las lágrimas del pasado, era un pelotón de pequeños guerreros cuyas mejores armas siempre fueron el argumento, la idea, la UNIÓN y cuando fue necesario, la FUERZA.” Y sin duda, así fue nuestro pasado, y en nuestro presente no podemos olvidar las funciones que nos exige la dinámica no sólo nacional, sino global.
Vivimos en un mundo de egos, de petulancia caprichosa y sentimientos exagerados. Esta explosión de sensaciones y actitudes afecta temáticamente las discusiones filosóficas en cualquier espectro. Así es como dicho desequilibrio obceca las mentes y premia el fracaso. No es posible superar las barreras de la ocasión, si antes no se despoja la vanidad para identificar las falencias. Lo deben hacer los docentes, al igual que los estudiantes, pues como se dijo en un principio, es este vínculo el que permite la ejecución de la libertad y moldea el cambio de la sociedad a partir de la academia.
Estando ya claro lo ineludible que es esta relación, deben fijarse criterios que permitan el trabajo en conjunto entre gremios con objetivos comunes, donde el más importante es la unión mesurada. Es decir, no caer en el tropiezo pecaminoso en el que cayó Europa, con todos sus países, que teniendo miles de cosas en común, deciden unirse en lo económico, en lo ficticio y divergente, no en lo real. No ha de ser así la fraternidad entre estudiantes y docentes, por consiguiente debe ser la academia en punto de empalme y progreso, donde se aten nuestras metas.
Junto con el primer criterio están la solidaridad equilibrada y la autonomía. Solidaridad, porque no es posible desconocer que como fracción indispensable en la comunidad universitaria, son estos los llamados a la crítica y la construcción, de forma conjunta y fiel, ante una figura de Universidad que se encuentra en una profunda crisis de identidad. Nada conquista un sector, sin el apoyo del otro; sin embargo, bajo esta misma dinámica es importante resaltar el siguiente criterio, la autonomía. Sería fácil deducir que un movimiento sin autonomía es una expresión sumisa y sesgada de colectividad, y por ende, una masa sin fundamentación ideológica. La autonomía implica no sólo la facultad para crear sus propios postulados filosóficos, sus estatutos, entre otros puntos; sino que acarrea también la capacidad de hacerlo[7]. De ahí que cuando se acuerda un trabajo mutuo entre gremios, es primordial el ejercicio de la independencia para así estipular consensos sobre lo fundamental y necesario, sin desdibujar el fondo de cada agrupación. Y lo dejó muy claro nuestro histórico rector, Gerardo Molina, cuando afirmó que “la autonomía no se pide, se ejerce.”
Cumplida la confección de estos criterios, se facilita la realización de hazañas y proezas en cada contexto. Esto lo demuestra la Universidad Libre, en su seccional Cali, que con una relación ejemplar entre estos sectores de la comunidad académica, consumando en el ejercicio pragmático los criterios ya narrados; han conquistado triunfos institucionales con tinte de reciprocidad. ASPROUL Cali y el movimiento estudiantil, con vocería en el Colectivo UNITOES, unieron sus fuerzas en la égida de la academia, tutelando los derechos democráticos de ambos sectores y declarándose enemigos de los enemigos de la Universidad. A causa de esta unión, hoy han quedado tallados en los anaqueles de la historia importantes reivindicaciones, como el histórico triunfo del Voto en Blanco por estudiantes en la seccional, aquel que permitió la posterior conquista de ese espacio y dar lección a quienes consideraron la Universidad como su feudo, y que poco a poco son exiliados, mientras la historia nos otorga la razón. A la par, se construye una Universidad más crítica y se revive el consejo estudiantil que tiempo atrás nos llenó de orgullo. También, desde el consejo directivo, la representación estudiantil ha sido la abanderada de las causas docentes, ante un silencio tenebroso de su representación propia. Así, que se haya logrado el continuo reconocimiento de derechos prestacionales que sumaban un déficit en nuestra institución y una violación  a los derechos fundamentales de nuestros educadores. Es entonces clave para la construcción de universidad, el olvido de la indiferencia y el desapego a esa premisa que convierte en rivales a docentes y estudiantes. Queda claro que ninguna otra fracción, sino nosotros, somos los llamados a construir Universidad, y a edificar Nación… Eso sí, sin olvidar la autonomía.
Hacia un sindicalismo de avanzada: gestor de proyectos de mejoramiento de la calidad.
Como vemos pues, el equilibrio ideal que persigue un concepto de Universidad sin condiciones solamente está llamado a materializarse si los protagonistas que se encumbran en lo más alto de la academia, se atreven a ejercer de un modo menos pragmático y mucho más delineado, la función casi redentora de la movilización social. Cuando hablamos de movilización[8], no estamos apelando a pseudoconceptos, tal cual como hoy se ha entendido—en medio de diatribas egocéntricas y excesivamente formales—en los procesos de renovación del paradigma Universitario. No podemos seguir disfrazando más la posible debacle de nuestra supuesta “revolución estudiantil”, que valga la pena anotarlo, trata en medio del acefalismo de la exclusión, izar banderas que le son pesadas, casi ajenas; mientras no se comprenda que el fin común sí justifica el sacrificio de una agremiación paternalista, se condenará a la Universidad a la mazmorra de la no acción, acompañada por el virus del abandono material que se percibe por parte de otros sectores. La pregunta que surge casi de Perogrullo es: ¿Sí ha actuado el movimiento sindical con la suficiente entereza para aminorar el abandono recíproco entre este y los estudiantes?
El sindicalismo en la Universidad no debe ser el foco de un desequilibrio ambiental en medio de la catarsis que genera esa exasperación demasiado sensible de la “profesión” y no de la “vocación” de ser un docente. La experiencia en medio de los procesos estudiantiles—sin demeritar el papel ponderante que ASPROUL ha realizado en la Universidad Libre Seccional Cali como un bastión amigo, propositivo, solidario y sobretodo, consciente de la cohesión que surge a partir de la idea y de una paráfrasis leal a la realidad que nos concita—nos ha demostrado que los sindicatos docentes se están convirtiendo en un depositario de coyunturas fragmentarias. Se desconoce, en la actualidad, el concepto de proceso como herramienta para la perduración de los cambios deseados; además de eso, la movilización no puede ser mediática y so pretexto de fechas especiales; la reivindicación de derechos prestacionales no debería ser la única égida de la “bravura” organizacional; el acompañamiento a los estudiantes se da, es cierto, pero condicionado por las peticiones que más parece un remedo de pautas para la negociación, que una verdadera reflexión crítica—y sobretodo académica—que haga una radiografía de nuestra apremiante situación.
El sumum del movimiento sindical no puede permanecer esparcido en una pantomima de ilusiones; además, no podemos sucumbir ante la espada aciaga de las determinaciones individualistas. El sindicalismo, por la historia que carga a cuestas, no puede ser tentado por los movimientos simples que se acongojan en medio de la bruma de los problemas y no la enfrentan con la pluma que rejuvenece. Aprendamos pues, que la confederación docente no puede reducirse a NEGOCIACIÓN COLECTIVA, al menos no como irrefutable dinámico de su gestión[9]. Porque comprender así el paradigma del sindicalismo docente sería asimilar también a un conjunto vacío en medio de un paralelismo inoperante: ¡defiendan sus intereses por su lado!, ¡fracasen en medio de sus propuestas insulares! Así pues, cómo pretender la realización de ideales de orden nacional, si no se establece el consenso a partir del vocablo INTERRELACIÓN; la verdad es que nuestra juventud, en medio de la cucaña de la tecnología, exaspera el caótico ritmo de los avatares universitarios: no existe propuesta del estudiante, no existe receptividad en el estudiante. Los procesos de comunicación, añadidos a la idiosincrasia facilista que permea al grueso del sentimiento estudiantil, son los factores que no permiten una articulación eficaz entre las diferentes colectividades que conforman el espectro de la acción conjunta. Mientras que sindicatos y estudiantes no observen alternativas de diálogo propositivo, estará conjugándose la alternativa adversa en medio del patrón oscuro de intereses (también gremiales y quizá más organizados) que no van en pro de la educación superior.
Sin embargo, no endilguemos responsabilidades que desarticulan per se nuestro propósito: la reivindicación de las prerrogativas sociales y la lucha histórica del movimiento sindical entorno a la agudización del conflicto propio de los países en vía de desarrollo, le ha otorgado un plus filosófico y quizás axiológico, dentro del contexto de equilibrio y legitimación de los postulados de un Estado Social de Derecho. En ese orden de ideas, el sindicalismo docente debe ser espacio de gestión pedagógica y de acción premeditada en tano enseñanza y labor continua que “contamine” a las demás esferas de la academia universitaria. Sabemos de sobra, que el Sindicato de Docentes de la Universidad Libre está en consonancia con estas pequeñas reflexiones, y que en esa misma línea, su legitimidad no resiste el menor análisis; aun así, es menester advertir que la tarea es ardua y todavía larvaria. Si la misión, teleología o lógica deóntica del docente es la de convertirse en el brazo idóneo que coadyuva en el enriquecimiento del individuo, de la ciencia o del universo, no podremos concebir jamás una docencia fútil y al servicio de intereses innobles. Un sindicato docente, en últimas, debe convertirse en algo imprescindible, en un ineludible para crear Nación. ¿De quién depende? La pregunta debe quedar en los anaqueles de este evento, pero seguramente será respondida sin ninguna duda cuando comprendamos que la capacidad de la acción es el mejor portento de la ruptura entre los oprimidos y los ya desgastados opresores[10].
CONCLUSIONES
La consideración lineal de la exposición permite cerrar el tema sobre el comienzo, y aseverar que la educación se sitúa en la cotidianidad, en las aulas de clase y con la relación dialéctica de educandos y educadores.
En el contexto de La Universidad Libre de Colombia, es clave, pero no tan práctico colegir que el termómetro de la calidad mide de acuerdo a un sistema crítico de evaluación, coherente y objetivo, donde prime el carácter pedagógico y no los egos o “amiguismos” institucionales. Si no se construye este prototipo de medición, no podrá trazarse la senda que guíe estudiantes propositivos ni constructivos; por tanto, es imperativo aceptar que un correcto sistema de evaluación docente es a la vez un arquitecto de sociedad.
Vale hacer notar que de la misma forma como un estudiante es evaluado por su productividad intelectual y su compromiso con el saber, un docente debe ser justipreciado por tales condiciones. Es por eso necesaria la preponderancia porcentual en los tópicos que tocan lo pedagógico, lo didáctico, y el desempeño en el cargo.
Como sostén de este objetivo y de este modelo, deben eliminarse los aspectos valorativos que tecnifican el ejercicio educador y contrarían la profesionalización del rol docente. De igual forma, el desarrollo material de los parámetros debe conquistar la profundidad, con esto hago referencia al carácter etéreo que se refleja en la formulación de los cuestionarios a estudiantes, que con afán responden ante la limitación de acceso a su registro de notas. Y por último, la erradicación de la evaluación administrativa y la autoevaluación, son alternativa para una valoración docente que consiga permearse de imparcialidad y desapasionamiento.
En relación con lo anterior, es importante el papel corajudo que deben matizar las organizaciones sindicales a la par con el movimiento estudiantil, que bajo la égida de la academia tienen que unir fuerzas sobre lo fundamental, con criterios de solidaridad y autonomía, para así enarbolar la bandera del pensamiento en el campo de la verdadera calidad, que por naturaleza hace divergencia con la estandarización; y con ello rescatar de la insensatez ese mecanismo que es el llamado a conservar el quid universitario: la evaluación docente.
Para finalizar, una vez liberados, los sectores base de la comunidad universitaria se convierten en la piedra angular edificadora de cambios, en pro de la Universidad, de la sociedad, y con miras a construir Nación.



[1] Galeano, Eduardo (1971). Las venas abiertas de América Latina. Bogotá: Alfaguara.
[2] Camacho Ledesma, Alberto. (2012). La degeneración de un proyecto educativo. Contextos Colombianos (2) 12-17.
[3] Zuleta, Estanislao (1995). Educación y Democracia. Medellín: Corporación Tercer Milenio.
[4] Fromm, Erich (1974). Espíritu y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
[5] Ortiz Ocaña, Alexander (2010). Pedagogía de la Educación Superior y Docencia Universitaria. Bucaramanga: UIS.
[6] Guzmán Henessey, Manuel (2012, 15 de Enero). El Movimiento Estudiantil: ¿Y dónde está la MANE? Razón Pública. Recuperado de http://www.razonpublica.com.
[7] González Ochoa, Fernando (1980). Una Tesis: el Derecho a no Obedecer. Medellín: Corporación Otraparte.
[8] Ortega y Gasset, José (1930). La Rebelión de las Masas. Barcelona: Ediciones Lorent.
[9] Spyropoulos, Georges. (1991, Agosto 30). Sindicalismo y Sociedad: Principales Problemas del Sindicalismo en el Mundo. Ceil-Conicet. Recuperado de  http://www.ceil-piette.gov.ar
[10] Gramsci, Hugo (1951). Pasado y Presente. Buenos Aires: Cerinci.

miércoles, 12 de marzo de 2014

LA CONDICIÓN DE PENSIONADO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE SER VINCULADO POR MEDIO DE UN CONTRATO DE TRABAJO.


Por:
WILLIAM FELIPE HURTADO QUINTERO
Abogado- Universidad Libre de Colombia.

Sobre los pensionados, es muy recurrente la pregunta sobre su posibilidad de cumplir labores bajo la modalidad de Contrato individual de Trabajo. En este tema, es importante plantear las siguientes dos incógnitas:

1-      ¿Se debe desvincular al trabajador que ha adquirido la condición de pensionado?
2-      En caso de continuar laborando, ¿Debe mutar la modalidad contractual de Contrato Individual de Trabajo a Contrato de Prestación de Servicios?

Son dos preguntas que deben resolverse desde la interpretación sistemática e integral del Derecho Laboral, vinculando normas y principios, básicamente, además de nociones jurisprudenciales que tengan lugar en la discusión. Así, es menester responder de forma categórica, a la primer pregunta, que NO se debe terminar – necesariamente- el contrato de trabajo de una persona que ha adquirido la condición de pensionado, simplemente, dicha calidad faculta al empleador para que a discreción suya decida si da continuidad o no, a la relación de trabajo existente, es decir, cuando un empleado se pensiona se configura una justa causa para la terminación del Contrato de Trabajo, lo que es diferente a entender que imperativamente debe hacerse. Es facultativo. Lo anterior se puede observar con claridad en el Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T.- y la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:

El Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T., en su Artículo 62 expone las causales que dan lugar a una justa terminación del Contrato de Trabajo, ya sea por parte del empleador o del empleado. El numeral 14 del literal A, relativo a las causas de justa terminación por parte del empleador, dicta que será una justa causa para terminar el contrato a un empleado por parte del empleador cuando se dé “El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa”, y sabemos que las causales deben hacerse valer por parte del legitimado, sin que implique una obligatoriedad; sin embargo, hasta este punto el argumento es un poco vago, es por eso que es imprescindible ligarlo con la Ley 797 de 2003, que en su tenor literal del Artículo 9 en su parágrafo 3, refiriéndose a los pensionados, asevera que “Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones”. Evidentemente, acá se torna un poco más claro el argumento planteado, puesto que la norma es clara a la hora de decir que un empleador “PODRÁ” dar por terminado el Contrato de Trabajo cuando a un subalterno suyo se le reconozca el beneficio pensional. En nuestro ordenamiento, la lectura normativa es muy precisa, salvo en los casos de condicionamiento constitucional impuestos por la Corte Constitucional, situación que no tiene lugar en la presente norma. Entonces, desde el entendimiento lingüístico y la teleología de las palabras, la expresión “podrá” representa una posibilidad facultativa y no una obligación ineludible, por ende, un trabajador puede continuar con su vinculación laboral, a pesar de que ostente la naturaleza de pensionado. No hay impedimento normativo para que así sea. Seguido a este argumento, debe decirse que ésta no es una causal de aplicación inmediata, en razón de que para hacer efectivo el despido a empleado pensionado se debe valer el empleador de la figura del “preaviso”, según lo dispuesto en el inciso final del literal A del Artículo 62 del C.S.T., el cual ratifica que “En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días”, y ya se hizo alusión a que la causal en mención se tipifica en el numeral 14 del mismo artículo. De no cumplirse con este procedimiento, el despido será ilegal e injustificado y susceptible de acción jurídica. La aplicación de esta causal y las demás, debe ser de forma oportuna como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en repetidas providencias, de lo contario, sería controvertible la invocación de la causal.

Abordada la primera premisa, sigue el análisis de la modalidad contractual por medio de la cual debe vincularse a las personas que cuentan con esta calidad, si tiene que hacerse a través de un Contrato de Prestación de Servicios o un Contrato Individual de Trabajo. En esta segunda discusión tampoco es factible desentenderse de los principios del Derecho Laboral, ya que es un área del Derecho de orden público con preceptos irrenunciables.

El Derecho es una ciencia jurídica que establece una principialística concisa, la cual permite que su estudio y ejercicio se desenvuelva entre razonamientos de carácter lógico. Es por eso que la respuesta contundente a esta segunda pregunta es: la forma contractual NO tiene porqué variar o mutar, puede conservarse la forma de Contrato individual de Trabajo. En este caso, la persona conserva su capacidad contractual, en ese orden de ideas, no se le puede vetar su libertad contractual, mucho menos laboral, y para despejar esa nube hay que remitirse a los principios básicos del Derecho Laboral, en especial los principios de “irrenunciabilidad”, “contrato realidad” y “primacía de lo sustancial sobre lo formal”, acotados en los Artículos 14, 23 y 24 del C.S.T. Es sabido que existen tres componentes del Contrato Individual de Trabajo, a saber: la prestación de un trabajo personal, la existencia de subordinación y la remuneración por la labor ejercida. De acuerdo con los principios citados, es imposible que se entienda un Contrato de Prestación de Servicios cuando concurren estos tres presupuestos, y en ello es muy claro el Artículo 23 del C.S.T. al manifestar que “Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”, materializándose un contrato realidad y dando peso al contenido sustancial del contrato en su ejecución. Pretender vincular a un pensionado que cumpla con esas exigencias, a través del Contrato de Prestación de Servicios, sería burlar la normatividad laboral y evadir obligaciones prestacionales que son irrenunciables.


Ahora, cabe precisar que a ese trabajador pensionado se le reconocerán las prestaciones sociales, a excepción de las cotizaciones en el fondo pensional por ya contar con el beneficio de pensión. Lo que debe hacer el empleador ante esta situación es notificar al operador de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-PILA y decir que no se le seguirá cotizando por concepto de pensión al trabajador. Todos los demás beneficios prestacionales se conservan.

jueves, 6 de marzo de 2014

MASACRE DE MARQUETALIA: TRÁGICA ANÉCDOTA DE UNA GUERRA BIPARTIDISTA

“Perdonando es uno perdonado"
Familiares de víctimas  de la masacre en acto clerical en 1964

William Felipe Hurtado Quintero
Abogado – Universidad Libre Cali

El conflicto armado que afronta Colombia tiene sus raíces en múltiples sucesos que extienden su órbita hasta los orígenes de nuestra vida republicana, de forma indirecta, pero la causa directa de su surgimiento fue sin lugar a dudas el trágico 9 de abril de 1948 cuando la mano oscura del fascismo ultimó la vida de nuestro hermano y caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en ese momento la rivalidad bipartidista tomó magnitudes que sólo son comparables con la guerra de los mil días, sin embargo, el actual conflicto goza de características más siniestras, si a saber se tiene el número de víctimas y lo mucho que  ha sobrevivido en el tiempo.

El conflicto armado ha mutado demasiado desde sus orígenes hasta hoy, es por eso que la lectura del mismo debe hacerse desde diferentes ópticas, diferenciando el análisis de las causas del estudio de su desarrollo y transfiguración política, de lo contrario se puede caer en el vicio intelectual de abarcar sin concretar detalles significativos. Es esa la razón por la cual este trabajo descriptivo centra sus letras en un hecho específico del conflicto armado, a saber: la masacre de Marquetalia, tema que permite identificar con generalidad las causas sociológicas de la guerra que desangra a Colombia. Para abordar el tema de la masacre, es necesario hacer un breve análisis del contexto social, político e histórico de Colombia en 1963.

Habían pasado quince años desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y la violencia bipartidista se resistía a ceder, la rivalidad bipartidista que profundizó su grito en “El Bogotazo”, se extendió hasta la Colombia rural que en ese entonces era la mayoría del territorio geográfico y poblacional del país, lo que se reflejó en el surgimiento de guerrillas de resistencia liberal ante los actos de persecución del gobierno a través de las tristemente recordadas policías “chulavitas”. La situación política del país era tan ambivalente como el panorama social, en esos quince años Colombia vivió hechos relevantes como la dictadura militar de Rojas Pinilla desde 1953 hasta 1958, año en que se estableció el Frente Nacional como intento de paz entre los partidos tradicionales y que tuvo como primer presidente al liberal Lleras Camargo, pero que lejos de reconciliar el territorio nacional, se evidenció como un mero ejercicio burocrático que terminó por desentender a las bases con las direcciones partidistas. En 1962, es electo presidente Guillermo León Valencia, quien toma como lema la “Pacificación del territorio Colombiano”, eslogan que luce conciliador, pero que materialmente significó una política castrense en contra de los grupos campesinos que comenzaban a alzarse en contra de la represión. Así como muchos presidentes en Colombia desde que estalló el conflicto armado, Guillermo León Valencia prometió que con su período presidencial terminaría la guerra, promesa que no logró con  sus políticas militares. El año de 1963 fue un año de mucha agitación política, sobre todo en el movimiento estudiantil que comenzaba a sublevarse a la par con los movimientos sociales del país, planteando tesis para la construcción de modelos educativos y reformas políticas, movilización que perduró en los seguidos años, obligando al gobierno a declarar Estado de sitio por la situación de orden público. En este período Colombia comenzó a urbanizarse con la construcción de cerca de 60.000 viviendas de interés social, sumado esto a los desplazamientos forzados que comenzaban a incrementarse a raíz de la situación armada en los campos de Colombia. En conclusión, la Masacre de Marquetalia fue ejecutada en un período donde Colombia profundizaba su conflicto armado a causa de las políticas de militarización que buscaron la pacificación a partir de la beligerancia y no de la restructuración social y política, lo que ocasionó los diferentes levantamientos; expresiones como el fenómeno estudiantil sirven de ejemplo para ilustrar el panorama de indignación y protesta que vivía el pueblo, a diferencia de sus gobernantes, quienes con el Frente Nacional hicieron un pacto burocrático para rotarse las mieles de Colombia.

El 5 de agosto de 1963, mientras en el contexto mundial ocurrían hechos como la firma del tratado de prohibición de pruebas atmosféricas, espaciales y submarinas entre E.U., la Unión Soviética y el Reino Unido; la mejora del record mundial de salto con pértiga por parte del estadounidense John Pennel al superar los 5,13 metros de altura; y cuando en el lago salado de Bonneville (Utah), el estadounidense Craig Breedlove alcanza los 653,71 km/h. y logra un nuevo récord mundial absoluto de velocidad para automóviles, con el "Spirit of America", entre otros hechos, en Colombia se preparaba la ejecución de una de las masacres más recordadas de la época de la naciente violencia bipartidista.

Un campesino de familia liberal, José William Ángel Aranguren, conocido por el alias de “desquite” desde que juró desquitarse de los asesinos de uno de sus amigos, conocido como “Terruño”, quien fue accionado después de ser exhibido desnudo en plaza pública como un bandolero. “Desquite”, quien años atrás había sido una de las tantas víctimas de la violencia bipartidista cuando tuvo que despedir a su padre y a su abuelo en manos de la policía “chulavita” conservadora por el hecho de ser militantes liberales, razón por la cual cimienta en su ser el odio al conservatismo, prometiendo que la vida de su padre costará al menos cien vidas conservadoras, preparaba su odisea en el camino que conecta al municipio de Marquetalia con La Victoria, exactamente en la vereda de La Italia en La Victoria. Ese día la cuadrilla de José William instauró un retén que detuvo dos volquetas oficiales, una chiva, un taxi y un camión, que sumaban en su interior cerca de sesenta personas, en su mayoría comerciantes y trabajadores de la zona. Los pasajeros fueron obligados a bajar de los vehículos y a formar filas de acuerdo a su filiación política – los sobrevivientes narran que las mujeres no hicieron parte de este procedimiento de selección-. En el lugar de los hechos, se encontraba una casa de madera, la cual era custodiada por un encapuchado llamado Rodrigo Zuluaga Jaramillo y que en su interior protegía al guerrillero liberal alias “Desquite”. La zona de Caldas, donde se encuentra Marquetalia, era un sector donde los conservadores solían cometer asesinatos  de liberales, incidencia que causó confusión frente al retén guerrillero, por lo cual algunas personas mintieron bajo la creencia de que salvarían su vida si afirmaban que eran conservadores, lo que los condenó a muerte. El procedimiento fue el siguiente: Rodrigo Zuluaga, el encapuchado del cual se hizo mención en líneas anteriores, se encargaba de hacer cuestionarios a los enfilados con el fin de identificar su filiación política y así dividir las filas, una para liberales y otra para conservadores; a los que fueron identificados como conservadores se les dio orden de ingresar a la casa, y era Zuluaga quien daba la seña para indicar que la persona podía ser liquidada. El acto fue realizado con la mayor cautela para evitar llamar la atención y no atraer a la fuerza pública, motivo por el cual atacaron a las personas con garrotazos en la cabeza y posteriormente con machete, destazando su carne y desprendiendo en algunos las extremidades. En las víctimas mortales se halló muestra física de un procedimiento sangriento muy común en la época de la violencia, “el corte de franela”, que consistía en el corte de la zona frontal del cuello, de tal manera que pudiese desprenderse al estilo de una franela, y en algunos casos, el sadismo del corte llegaba al punto de extraer por la zona la lengua, de modo que ilustrara una especie de corbata. Algunos de los muertos fueron decapitados y sus cabezas depositadas en el estanque de la casa. Por testimonio de los sobrevivientes se ha tenido certeza de que el proceso de selección y ejecución duró dos horas aproximadamente, hasta que un error de uno de los miembros del grupo de “Desquite” hizo que se activara un arma, lo que ocasionó la huida de los bandoleros para esquivar a la fuerza pública.

Como puede observarse, la masacre de Marquetalia fue un acontecimiento efectuado con ligereza en cuanto a tiempo, pero significativo en vidas mortales, si a saber se tiene que esas dos horas de tragedia dejaron cuarenta y dos muertos y apenas veinte sobrevivientes, cifras que sumadas a asaltos menores dirigidos por “Desquite”, lograrían sumar la muerte de más de un centenar de personas de estirpe conservadora, cumpliendo así el juramento hecho a causa de la muerte de su padre. Estos sucesos menores, aunados a la gran y trágica masacre de Marquetalia, mitificaron la imagen del bandolero José William, quien incentivó temor en los conservadores y confianza en el campesinado liberal, pero ante todo, concentración de las estrategias militares por parte del gobierno de Guillermo León Valencia. Al final, el gobierno de León Valencia ganaría la batalla contra el reputado alias “Desquite”, pues en 1964 lograría acabar con su vida en el municipio de Venadillo, Tolima, con acciones realizadas por las tropas del batallón Colombia, comandadas por el recordado coronel Matallana. José William Ángel fue exhibido por varias veredas en los departamentos de los departamentos de Tolima y Caldas para brindar tranquilidad a los pueblos que fueron perjudicados por sus acciones. Este hecho dio un pequeño golpe anímico al proyecto pacificador de Valencia, pero no fue más que eso: un pequeño golpe, pues cincuenta años después la historia sólo ha variado en sus formas, sin contar un solo instante de paz y demostrando el fracaso de la militarización.

Es muy fácil para la historia satanizar a personajes como “Desquite” y puede que tenga razón en hacerlo, pero es difícil ir más allá del contexto fáctico y profundizar en los factores sociales que llevaron a Colombia a padecer en sangre su propia historia. Personajes como José William los ha habido en cantidades desde hace más de sesenta años, unos movidos por la necesidad, otros por la indignación, y otros que como él, lo hicieron por el germen de la venganza. Ninguna masacre merece apología, a pesar de lo “justificada” que pueda estar desde el plano filosófico, pero de estos sucesos sí vale la pena tomar postura reflexiva frente a sus fuentes y la dinámica de causa y efecto. Las condiciones de Colombia la han llevado a ser cuna de actores del conflicto que se han caracterizado, en su mayoría, por ser personas pertenecientes a un abandonado sector de la sociedad, es ahí cuando se detalla que el conflicto es algo que trasciende de la unilateralidad y así como la insurgencia ha cometido errores reprochables en el campo bélico, el gobierno colombiano debe aceptar que fue el causante del conflicto, olvidándose de la ruralidad y gobernando con la mano fascista que acabó con la vida de Gaitán. Pecaminoso es desde el punto de vista jurídico desconocer la condición de victimario que viste a “Desquite” en los anaqueles de la historia, pero igual de obsceno es desvirtuar su condición de víctima al interior de un conflicto que viene heredándose desde hace seis generaciones. El debate de la paz – hoy que estamos ante un proceso de terminación de la guerra- debe abordar no sólo el matiz militar, tiene que ser, por obligación, integral frente a las condiciones materiales que dieron origen a este capítulo de nuestra historia, lo que incluye una reforma agraria, una restructuración del sistema educativo y de salud con un visión igualitaria, garantías para la participación política, etc., de lo contrario, hará parte del epitafio de la patria boba aquella frase que acuñó el fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango, dirigida precisamente a José William Ángel, “Desquite”:

“…Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña:
¿No habrá manera de que Colombia en lugar de matar a sus hijos los haga dignos de vivir?

Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una tragedia: Desquite resucitará y la tierra volverá a ser regada de sangre, dolor y lágrimas…”

domingo, 23 de febrero de 2014

ESTATUTO DE OPOSICIÓN: PUNTO BASILAR PARA EL POSCONFLICTO (POSGUERRA)


WILLIAM FELIPE HURTADO QUINTERO
Abogado – Universidad Libre Cali
Semillero Jorge Eliécer Gaitán-JEGA

Uno de los aportes de nuestra Carta Constitucional de 1991 fue sin lugar a dudas el reconocimiento de la oposición política como opción legítima de los partidos y movimientos políticos. En el Artículo 112 del texto constitucional, queda claro que la voluntad del constituyente fue la de democratizar el ejercicio político, reconociendo la disidencia y otorgándole una serie de derechos de carácter constitucional. En consecuencia, establece la norma que la oposición política no es un mero discurso ideológico o un actuar desarraigado de la institucionalidad jurídica, sino que se configura como una condición jurídico-política que genera un espectro de garantías constitucionales y legales, las cuales serán desarrolladas por medio de una ley estatutaria, por directo mandato de la Carta Magna. Hoy, casi 23 años después de la promulgación de nuestra constitución, el estatuto de la oposición sigue siendo un espejismo en la práctica democrática.

Colombia es un país que desde su nacimiento ha estado marcado por diversos conflictos – tanto diplomáticos como bélicos-, los cuales han tenido su origen en desavenencias ideológicas de fondo y de forma, y que están ya derramados en las sangrientas páginas de nuestra historia. El último y más prolongado de ellos, el que tejió sus primeros hilos un 9 de abril de 1948 con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y que preparó el terreno para el surgimiento de diferentes grupos guerrilleros de resistencia; sigue acentuando sus efectos en nuestra sociedad. Después de más de medio siglo y de innumerables tragedias, hay un ambiente de edificación de paz, el cual ha iniciado con los ya conocidos diálogos entre el Gobierno de turno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- F.A.R.C.- en la Habana, Cuba, el cual pretende negociar la terminación del conflicto armado y que de concretarse, impondría un apoteósico reto para la sociedad Colombiana; ese reto es la posguerra, puesto que hay que tener claro que en Cuba no se está negociando la paz con las F.A.R.C., allá se está concertando el fin de la guerra. La paz será un objetivo que deberá construirse mancomunadamente por la sociedad y los poderes  públicos en la posguerra.

Michel Foucault, en su conocido texto “Genealogía del racismo” lanzó una premisa que representa la metáfora de la posguerra, Foucault asevera que “La política es la guerra continuada por otros medios” (Genealogía del racismo, Michel Foucault). Esta frase no puede deslindarse del panorama político que nos dibuja el actual proceso de paz, en razón de que uno de los pilares temáticos objeto de discusión en la Habana, es precisamente la participación política de la insurgencia una vez se selle el fin de las hostilidades armadas. De concluir en feliz término los diálogos en la Habana –y otros que sobrevengan, como el anunciado diálogo con el Ejército de Liberación Nacional- E.L.N.-, es casi un hecho que contaremos con la presencia de nuevos grupos políticos disidentes con aspiración a los diferentes escenarios electorales, pues el propósito esencial del fin del conflicto armado es lograr la metamorfosis en las formas prácticas de lucha, es decir, vindicar el debate democrático y no la guerra. Lo anterior, refleja la necesidad que tiene la sociedad y las instituciones de trazar una senda que permita dicha transformación, la cual debe ofrecer garantías sociales, así como jurídico-políticas. Sociales para lograr la reconciliación y evitar la repetición de actos como el genocidio de la Unión Patriótica – U.P., pero jurídico-políticas para permitir el libre ejercicio democrático y así, justificar el cese de las acciones armadas. En ese orden ideas, guardando coherencia con la titulación del presente artículo, es factible colegir que en esas garantías jurídico-políticas juega un papel imperante el estatuto de la oposición. Una vez firmado el, o los acuerdos que ordenen el fin de la guerra y abran la baraja democrática para los grupos insurgentes, siendo coherentes con el discurso ideológico histórico, es apenas obvio que se estructurarán en partidos o movimientos de oposición, como ya lo han decantado en diferentes intervenciones, entonces, se requerirá materializar el mandato constitucional frente a la ley estatutaria de la oposición.

En el proceso de paz en curso, uno de los acuerdos concretados en el segundo punto de discusión correspondiente a la “Participación política”, fue precisamente el de la creación de un estatuto de la oposición que respalde y sirva de garantía jurídica para el eventual partido que surja después de las negociaciones y para los partidos o movimientos ya existentes que se proclaman como opositores. Sobre el tema, el principal negociador y vocero del gobierno de Colombia, Dr. Humberto De la Calle, manifestó al periódico “El Universal” el 6 de noviembre del año anterior, que “se adoptó un mecanismo con participación de todos los partidos políticos, y con la posibilidad de recibir las propuestas de académicos y movimientos sociales, para reunirse y convenir los términos de ese estatuto una vez concluido el conflicto. Lo que hicimos en este acuerdo Gobierno y F.A.R.C., fue convenir un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese espacio se le dé vida al Estatuto para la Oposición” (Participación ciudadana y estatuto a oposición, bases del acuerdo con las F.A.R.C., El Universal). Así, la tesis que acá se esboza no es una hipótesis desairada que escapa a la realidad, por el contrario, es un asunto tan palpable que ha sido recapitulado en instancias de negociación con fundamentos no sólo jurídicos, sino con base en precedentes históricos que han manchado anteriores intentos de paz. Ejemplos como el nombrado genocidio de la U.P., el cual arrebató la vida de más de mil militantes en la década de los 80 y principios de los 90, entre ellos los dirigentes Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo; y el homicidio de Carlos Pizarro en 1990, entonces candidato presidencial y máximo dirigente del M-19, sirven para esclarecer las razones de porqué dicho asunto es materia de discusión en las negociaciones que se adelantan entre la insurgencia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Es sensato pensar que la guerrilla - en este caso las F.A.R.C.-, requiere de estas garantías para que la participación política sea real y efectiva, en un plano de igualdad. A esta línea se han unido los diferentes partidos de izquierda democrática que existen en Colombia, a saber: Polo Democrático Alternativo y U.P., quienes por años han venido reclamando la necesidad de un estatuto de la oposición y que también han padecido los vejámenes de un sistema político y electoral poco garante frente a la disidencia, puesto que han sido depositarios al interior de sus colectividades, de amenazas, muertes, persecución política y hasta judicial, entre otras arbitrariedades cometidas por el mismo Estado colombiano. La posguerra es el escenario de construcción de paz, como ya se ha expuesto, por ende, las garantías políticas y democráticas forman parte vital de su estructura, y con ello, el estatuto de la oposición. Nada se gana con cambiar las viejas formas si las nuevas no son ejecutables.

En asuntos de violación a Derechos Humanos, hay que recordar que los postulados de Derecho Transnacional frente a este tipo de casos han sentado postura convencional y han dicho que la garantía de no repetición hace parte de la reparación integral.

La expedición de la ley estatutaria de la oposición no sólo abarcaría el contenido jurídico que en ella se vierta, sino que lleva intrínseco algo esencial, que es el reconocimiento de la disidencia, y ese es un aspecto insoslayable a la hora de pensar en la paz. Muy bien apuntó el filósofo español Fernando Savater cuando redactó que “Vivir en una democracia moderna quiere decir convivir con costumbres y comportamientos que uno desaprueba" (Política para Amador, Fernando Savater), máxime cuando esa diferencia está en la cosmovisión que se tiene del país. Las instituciones deben ser coherentes con los postulados ideológicos que están impregnados en la constitución política… y, ¡qué más que el propósito de la paz para detener la prolongación de una omisión legislativa!

Por último, hay que concluir que el estatuto de la oposición es un requerimiento urgente para la consolidación de la democracia colombiana, y a pesar de la tardanza en su promulgación, la posguerra se ofrece como un terreno fértil para su creación en caso de finiquitarse los actuales diálogos con las F.A.R.C. en Cuba, puesto que ya su creación colectiva fue acordada en estas negociaciones. A su vez, la reglamentación de la oposición política debe ser un texto normativo que tenga intención reguladora, pero también reivindicadora frente a los atropellos de los que históricamente ha sido víctima la oposición, y en ese orden, unirse por vía legislativa a las exigencias que en materia de Justicia Transnacional dicta la toma de medidas que garanticen la no repetición de actos violatorios de Derechos Humanos.


Coletilla: Sería bueno detallar las características que debería tener un verdadero estatuto de la oposición, pero es mejor no pecar por defecto y posponerlo para una siguiente publicación que sirva más de desarrollo que de justificación, de lo cual se encargó el presente texto. Sin embargo, me permito recordar que en la posguerra estos temas darán un papel protagónico a la comunidad académica, en especial a las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas. Así que la construcción tendrá su proceso, dentro del cual no podemos desentendernos.